La PCM aprobó una directiva que define las responsabilidades y el perfil del Oficial de Inteligencia Artificial. La medida busca impulsar una adopción estratégica, ética y segura de esta tecnología en el Estado peruano.
Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026
Categoría: Inteligencia Artificial | Gobierno Digital | Gestión Pública
Una nueva etapa para la inteligencia artificial en el Estado peruano
El Gobierno peruano ha dado un nuevo paso en la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a la gestión pública. El 21 de octubre de 2026 se publicó la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 004-2026-PCM/SGTD, mediante la cual se aprueba la Directiva N.º 002-2026-PCM/SGTD, que establece el perfil y las responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA).
Esta disposición busca que las entidades públicas cuenten con un rol especializado para identificar oportunidades, planificar iniciativas y promover el uso responsable de sistemas de inteligencia artificial, con el propósito de mejorar los procesos institucionales y la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía.
La medida se enmarca en el proceso de transformación digital del Estado y en la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030.
Es importante precisar que la norma establece el perfil y las responsabilidades de este rol institucional. Esto no significa, por sí solo, que todas las entidades deban crear inmediatamente una nueva plaza laboral independiente: su implementación debe considerar las disposiciones de la directiva y las características organizacionales de cada institución.
¿Qué es el Oficial de Inteligencia Artificial?
El Oficial de Inteligencia Artificial es el responsable de impulsar y articular la identificación, planificación y gestión de iniciativas de inteligencia artificial dentro de una entidad pública, de acuerdo con las competencias y responsabilidades definidas en la normativa.
Su función no consiste únicamente en conocer herramientas como ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot u otras plataformas. También requiere comprender los procesos institucionales, identificar problemas que podrían resolverse con IA, evaluar los riesgos y contribuir a que las soluciones tecnológicas respondan a objetivos concretos de gestión.
Por ejemplo, una municipalidad podría evaluar el uso de inteligencia artificial para clasificar solicitudes ciudadanas, facilitar la búsqueda de información en documentos institucionales o apoyar la elaboración de reportes administrativos. Antes de implementar cualquiera de estas soluciones, tendría que analizar su viabilidad, los datos involucrados, los riesgos y los mecanismos de supervisión humana.
El objetivo no es incorporar IA por moda, sino utilizarla cuando exista una necesidad institucional y pueda generar valor público.
¿Cuáles serán las principales funciones del Oficial de IA?
La Directiva N.º 002-2026-PCM/SGTD establece responsabilidades vinculadas con la planificación, la coordinación institucional y la gestión de riesgos asociados a la inteligencia artificial.
1. Identificar oportunidades para aplicar inteligencia artificial
El Oficial de IA deberá contribuir a identificar procesos, procedimientos y servicios institucionales en los que la inteligencia artificial pueda aportar mejoras.
Esto implica revisar cómo trabaja la entidad, detectar tareas repetitivas, analizar dificultades operativas y evaluar posibles soluciones tecnológicas.
Algunas oportunidades pueden encontrarse en la organización documental, la búsqueda de información, la elaboración de borradores, el análisis de datos o la orientación inicial a los ciudadanos.
2. Formular el Plan de Acción de Inteligencia Artificial
Una de sus responsabilidades centrales será formular el Plan de Acción de Inteligencia Artificial, que deberá integrarse en el Plan de Gobierno Digital de la entidad, conforme a la directiva.
Este instrumento permitirá ordenar las iniciativas de IA, establecer prioridades y orientar su implementación.
Un plan bien elaborado debería facilitar la definición de objetivos, responsables, recursos, cronogramas, indicadores de desempeño y mecanismos de evaluación, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
3. Supervisar la gestión de riesgos
La inteligencia artificial puede generar errores, respuestas inexactas, sesgos, exposición de información confidencial y otros riesgos.
Por ello, la incorporación de estas herramientas debe contemplar medidas de seguridad, protección de datos personales, revisión humana y uso responsable de la tecnología.
En una entidad pública, por ejemplo, no sería adecuado introducir expedientes con datos personales o información reservada en una plataforma de IA sin verificar previamente las condiciones de seguridad, las políticas institucionales y las obligaciones legales correspondientes.
4. Coordinar con el Comité de Gobierno y Transformación Digital
El Oficial de IA deberá articular su trabajo con el Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD) de la entidad, dentro de las responsabilidades que establece la normativa.
Esta coordinación es importante porque los proyectos de inteligencia artificial no dependen exclusivamente de las áreas de informática. También involucran a las unidades usuarias, los responsables de los procesos, las áreas de asesoría jurídica, la gestión de datos y los responsables de seguridad de la información.
La implementación efectiva requiere colaboración entre las áreas técnicas y administrativas.
¿Qué perfil deberá cumplir el Oficial de Inteligencia Artificial?
La directiva contempla requisitos relacionados con la formación universitaria, la experiencia profesional y los conocimientos vinculados con el desarrollo, la aplicación o la gestión de sistemas de inteligencia artificial. También considera la idoneidad ética y el conocimiento de la institución en la que se desempeñará.
Estos criterios reflejan que el rol requiere una combinación de capacidades técnicas, comprensión organizacional y responsabilidad profesional.
Entre las competencias que resultan relevantes para desempeñar adecuadamente esta función se encuentran:
- Conocimiento de los fundamentos y las aplicaciones de la inteligencia artificial.
- Capacidad para analizar procesos y detectar oportunidades de mejora.
- Comprensión de la gestión pública y del funcionamiento institucional.
- Conocimientos sobre protección de datos personales y seguridad digital.
- Capacidad para evaluar riesgos y establecer mecanismos de supervisión.
- Habilidades de planificación, coordinación y gestión de proyectos.
- Comunicación efectiva y capacidad para promover la capacitación de los equipos.
La norma también contempla un periodo de adecuación para el cumplimiento del perfil establecido en su artículo 9.
El plazo es un aspecto clave: la resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación y establece que los requisitos del perfil serán exigibles a partir de los doce meses posteriores a su entrada en vigor, bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de cada entidad pública.
Por tanto, las instituciones deben revisar el texto oficial para organizar oportunamente la adecuación de sus perfiles y responsabilidades.
¿Qué deben hacer las entidades públicas desde ahora?
La aprobación de esta directiva representa una oportunidad para que las instituciones públicas evalúen su nivel de preparación para incorporar inteligencia artificial de manera responsable.
No basta con adquirir licencias o capacitar al personal en el uso de herramientas. Es necesario establecer prioridades, identificar riesgos, fortalecer capacidades y definir cómo se medirá el impacto de las iniciativas.
Estas son cinco acciones recomendables para iniciar el proceso:
1. Realizar un diagnóstico de preparación digital e inteligencia artificial.
Identificar los procesos que podrían beneficiarse de la IA, las herramientas disponibles, las capacidades del personal, las limitaciones tecnológicas y los riesgos existentes.
2. Revisar la organización y las responsabilidades institucionales.
Evaluar cómo se articulará el rol del Oficial de IA con el Comité de Gobierno y Transformación Digital, las áreas de tecnologías de información y las demás unidades involucradas.
3. Identificar y priorizar casos de uso.
Seleccionar procesos en los que la IA pueda producir mejoras verificables, considerando su viabilidad técnica, utilidad, costo, riesgos y beneficios para la ciudadanía.
4. Fortalecer las políticas de seguridad y protección de datos.
Revisar las condiciones para el uso de herramientas de IA, la información que puede compartirse con servicios externos, los permisos de acceso y los mecanismos de control.
5. Desarrollar un programa de capacitación.
Fortalecer las competencias de directivos, profesionales y equipos administrativos para que puedan comprender la tecnología, utilizarla correctamente e identificar sus limitaciones.
Estas acciones deben adecuarse a las obligaciones legales y a las características de cada institución. No todas las entidades tienen el mismo nivel de madurez digital ni necesitan implementar las mismas soluciones.
¿Qué normas deben tener en cuenta las instituciones?
La implementación de la inteligencia artificial en el Estado peruano debe analizarse dentro de un marco normativo más amplio. Entre las principales referencias se encuentran:
Ley N.º 31814: promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.
Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM: aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31814 y desarrolla disposiciones para la promoción y el uso de la inteligencia artificial.
Resolución Ministerial N.º 152-2026-PCM: aprueba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030.
Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 004-2026-PCM/SGTD: aprueba la Directiva N.º 002-2026-PCM/SGTD sobre el perfil y las responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial.
Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su normativa reglamentaria vigente: constituyen referencias esenciales para el tratamiento de datos personales en las iniciativas de IA.
También deben considerarse las disposiciones aplicables sobre gobierno digital, seguridad digital, gestión documental, transparencia y acceso a la información pública, según la naturaleza de cada proyecto.
La aplicación de estas normas debe evaluarse en función del caso concreto. Utilizar una herramienta de inteligencia artificial no elimina las obligaciones de confidencialidad, protección de datos, transparencia ni responsabilidad administrativa.
¿Se necesitarán nuevos recursos para implementar esta medida?
La resolución establece que la implementación de sus disposiciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Esto hace necesario que las instituciones evalúen cómo organizar sus recursos, aprovechar las capacidades existentes y priorizar las iniciativas que puedan generar resultados concretos.
En determinados casos, será necesario invertir en capacitación, infraestructura, licencias, servicios especializados o mejoras de seguridad. La norma no significa que todas estas actividades puedan realizarse sin costo, sino que su financiamiento deberá atenderse conforme a las reglas presupuestarias aplicables.
Asimismo, la resolución dispone que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital coordine con el órgano competente del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) el desarrollo de estándares de competencia relacionados con este rol y otros perfiles digitales.
También se contempla la articulación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para promover la certificación de competencias profesionales mediante entidades autorizadas, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
La norma prevé, además, promover la capacitación en inteligencia artificial con participación del sector privado, la academia y la sociedad civil.
¿Qué oportunidades abre para la capacitación y la innovación digital?
La definición de este rol refuerza la necesidad de desarrollar capacidades profesionales para la adopción de inteligencia artificial en el sector público.
Las instituciones necesitan personas que no solo conozcan las herramientas disponibles, sino que también comprendan cómo utilizarlas en el trabajo cotidiano, cuándo evitar su uso y cómo evaluar los resultados obtenidos.
En ese contexto, los programas de formación pueden abordar diferentes ámbitos:
- Inteligencia artificial aplicada a la gestión administrativa.
- Análisis y mejora de procesos institucionales.
- Automatización de tareas y gestión documental.
- Análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.
- Protección de datos personales y uso seguro de herramientas de IA.
- Evaluación de riesgos y supervisión humana.
- Diseño y seguimiento de proyectos de inteligencia artificial.
- Planificación de iniciativas de IA articuladas con el Gobierno Digital.
La formación debe diferenciar entre el uso básico de herramientas, las competencias para gestionar proyectos y las capacidades especializadas que exige el perfil normativo del Oficial de IA.
Un curso de herramientas de inteligencia artificial puede ser útil para fortalecer competencias digitales, pero no debe presentarse automáticamente como equivalente al cumplimiento de los requisitos del puesto ni como una certificación oficial de competencias profesionales si no cuenta con el reconocimiento correspondiente.
El desafío: pasar de experimentar con IA a generar valor público
La aprobación de la Directiva N.º 002-2026-PCM/SGTD constituye un avance en la organización de la inteligencia artificial dentro de las entidades públicas peruanas.
Sin embargo, el verdadero resultado dependerá de la capacidad de las instituciones para traducir las disposiciones normativas en proyectos viables, procesos mejorados y servicios de mayor calidad.
Una implementación responsable debe partir de problemas reales, proteger la información, capacitar a los equipos y medir resultados.
Por ejemplo, una entidad podría evaluar si la IA permite reducir el tiempo necesario para localizar documentos, preparar informes preliminares o clasificar solicitudes. Para determinar si la iniciativa funciona, deberá establecer una línea de base, definir indicadores y verificar que la mejora no comprometa la precisión, la seguridad ni los derechos de los ciudadanos.
La inteligencia artificial no sustituye la responsabilidad de los funcionarios ni garantiza automáticamente una mejor gestión. Su aporte depende de cómo se integra en los procesos, de la calidad de la información disponible y de la capacidad humana para supervisar sus resultados.
La transformación digital del Estado no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías. Consiste en mejorar la manera en que las instituciones trabajan y generan valor para la ciudadanía.
Fuentes oficiales y referencias
- Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 004-2026-PCM/SGTD y Directiva N.º 002-2026-PCM/SGTD. Diario Oficial El Peruano.
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2566694-1/pdf - Información oficial sobre la aprobación del perfil y las responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial. Diario Oficial El Peruano.
https://www.elperuano.pe/noticia/307286-inteligencia-artificial-en-el-estado-establecen-perfil-y-responsabilidades-de-un-nuevo-oficial - Catálogo IA Perú: preguntas frecuentes sobre inteligencia artificial en el Perú.
https://catalogoia.servicios.gob.pe/preguntasfrecuentes - Artículo periodístico de referencia: Perú21, “Gobierno establece nuevo cargo de Oficial de Inteligencia Artificial en las entidades públicas”.
https://peru21.pe/tecnologia/gobierno-establece-nuevo-cargo-de-oficial-de-inteligencia-artificial-en-las-entidades-publicas/
Nota informativa elaborada a partir de fuentes periodísticas y oficiales. Para decisiones administrativas, procesos de selección o adecuación institucional, se recomienda consultar el texto íntegro de la resolución y su directiva.
Autor: Iván Bejarano Olivares
Consultor en Innovación Digital
Especializado en innovación, adopción de inteligencia artificial y tecnologías digitales aplicadas a organizaciones y profesionales.
